El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adquirió en noviembre de 2025 un departamento en el barrio porteño de Caballito por un valor de USD 230.000, según consta en documentación oficial del Registro de la Propiedad Inmueble.
De acuerdo al informe de dominio, la operación se concretó el 18 de noviembre y la vivienda, de casi 200 metros cuadrados, había sido comprada meses antes por dos mujeres que luego la vendieron al funcionario. El inmueble pertenecía previamente al exfutbolista Hugo Alberto Morales.
Uno de los aspectos centrales de la transacción es su esquema de financiamiento: las propias vendedoras, dos jubiladas, otorgaron un crédito hipotecario por USD 200.000, cubriendo cerca del 90% del valor total. Ambas quedaron registradas como acreedoras en partes iguales.
En paralelo, ese mismo mes también se registró la compra de una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Sin embargo, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario no habría consignado la venta de un inmueble previo en Parque Chacabuco.
La situación es investigada en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que el fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para analizar la evolución patrimonial de Adorni y su entorno.
Entre los requerimientos se incluyen informes sobre propiedades, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de detectar posibles activos no declarados y determinar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones.
La denuncia inicial fue presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre un supuesto incremento patrimonial del 500% en un período fiscal, además de inconsistencias en las declaraciones, como activos financieros no informados y dinero en efectivo cuya procedencia habría sido atribuida a préstamos familiares.
En cuanto al departamento de Caballito, la investigación busca esclarecer cómo se estructuró el crédito otorgado por las vendedoras y si existieron vínculos o condiciones particulares en la operación.
Además, los investigadores analizan la situación de la propiedad en el country, ya que registros internos indican que las expensas figuran a nombre de la esposa del funcionario, lo que podría evidenciar un vínculo no reflejado en las declaraciones oficiales.
Por el momento, el juez no resolvió sobre las medidas solicitadas, mientras la causa avanza con el objetivo de determinar si hubo omisiones patrimoniales o irregularidades en las operaciones realizadas.