El juez federal de Campana, Adrián González Charvay invalidó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 dando lugar al amparo presentado por los padres de dos niños de 11 años que vieron amenazados el acceso a sus tratamientos y educación.
La decisión del juez se fundanentó al señalar que los hermanos padecen trastornos generalizados del desarrollo y trastornos específicos en las habilidades escolares. Estos niños asisten a un centro educativo terapéutico, además de su regularidad en un colegio especial, el mismo que en voz de sus autoridades expresó que el desfinanciamiento estatal ponía en riesgo su funcionamiento y los dejaba al borde del cierre. El fallo también indica que las instituciones a las cuales asisten estos chicos subsisten gracias a préstamos bancarios y donaciones.
El pasado 10 de julio el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad y estableció un régimen con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, que se podía prorrogar por 12 meses. En concreto, el texto apuntaba a cumplir las obligaciones derivadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional.
De todas formas, el presidente Milei se amparó en el impacto fiscal estimado entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI), según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El Ministerio de Salud, a pedido del juez, presentó un informe defendiendo el veto de Javier Milei y en primer lugar alegó que la facultad presidencial de veto se consideraba una cuestión política no justiciable. Además, la cartera de salud sostuvo que el reclamo presentado no correspondía porque se basaba en un “daño futuro e hipotético”.
Charvay sentenció que el veto presidencial es un caso de clara discriminación a personas con discapacidad , y que“el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias.