Bajo el lema «El campo muere», miles de agricultores y ganaderos, respaldados por una columna de más de 370 tractores, tomaron las principales arterias de la capital española para manifestar su rechazo absoluto al acuerdo de libre comercio recientemente firmado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
La movilización, convocada por organizaciones como Unión de Uniones y Unaspi, recorrió el trayecto desde la plaza de Colón hasta la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los manifestantes advierten que el pacto, tal como está redactado, representa la «puntilla final» para el sector primario europeo.
Denuncias por competencia desleal
El núcleo del reclamo radica en la desigualdad de condiciones productivas. Los productores españoles sostienen que la apertura del mercado permitirá la entrada masiva de productos sudamericanos —como carne, miel y azúcar— que no cumplen con las estrictas normativas sanitarias, ambientales y de bienestar animal exigidas dentro del bloque comunitario.
«Es una competencia desleal flagrante. No podemos producir bajo las normas de la UE y competir con productos que utilizan sustancias prohibidas aquí», señaló Miguel Ángel Aguilera, presidente de Unaspi, durante la marcha. Los gremios exigen la implementación de «cláusulas espejo», que obligarían a los exportadores del Mercosur a cumplir con los mismos estándares que los agricultores locales.
La protesta no solo apunta al acuerdo transatlántico. Los agricultores también expresaron su malestar por los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC) y la creciente carga burocrática que enfrentan las explotaciones familiares.
Según los líderes sindicales, la combinación de menores ayudas directas y el aumento de costos (combustible y fertilizantes) hace que la actividad sea insostenible para las nuevas generaciones.
Desde el Gobierno español, si bien se ha mantenido históricamente una postura favorable al acuerdo por sus beneficios estratégicos y para otros sectores industriales, la presión social está obligando a revisar los mecanismos de compensación.
Cabe destacar que el Parlamento Europeo ha remitido recientemente el acuerdo al Tribunal de Justicia para evaluar su compatibilidad con los tratados de la Unión, lo que ha puesto un freno temporal a su ratificación definitiva.