El Gobierno argentino presentó este miércoles una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York para frenar el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de la sentencia por la expropiación de 2012.
Con esta presentación, Argentina decidió no esperar la respuesta de la magistrada sobre el pedido de suspensión de la ejecución, que había sido rechazado por los demandantes. De esta manera, el Estado busca evitar la inminente transferencia de las acciones, cuyo plazo límite vencía el próximo lunes 14 de julio.
La decisión fue tomada por los abogados que representan al país en el marco del histórico juicio por la expropiación de YPF, que comenzó tras la estatización de la empresa durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. La jueza Preska falló en septiembre de 2023 en contra del Estado argentino y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, cifra que con intereses ya supera los USD 17.750 millones.
El fallo beneficia a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio de los antiguos accionistas minoritarios de YPF. Estos fondos aseguran que, al momento de expropiar las acciones de Repsol, el Estado argentino violó el estatuto de la empresa al no extender la oferta al resto de los accionistas, como marca la normativa.
En simultáneo, Argentina también apeló un segundo fallo que la obliga a entregar acciones de YPF al fondo Bainbridge por un reclamo de USD 95 millones relacionado con la deuda en default del año 2001. La jueza Preska había fallado recientemente a favor de este segundo grupo, habilitando que también puedan cobrarse con acciones de la petrolera estatal.
El analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, aseguró que la apelación fue “inesperada en los tiempos” y que lo habitual hubiera sido esperar la resolución de Preska sobre el pedido de stay. “La expectativa ahora pasa por ver cómo reaccionan tanto la jueza como los demandantes”, explicó.
El Gobierno argentino sostiene que la entrega de las acciones es jurídicamente inviable, ya que la transferencia de participaciones estatales en YPF requiere la autorización del Congreso, según lo establece la Ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera. También advirtió que cumplir con el fallo implicaría violar la legislación nacional y afectar gravemente la estabilidad financiera de la compañía, incluyendo la activación de cláusulas de deuda con bonistas internacionales.
La presentación formal ante el tribunal de apelaciones busca no solo suspender la ejecución, sino también revertir la sentencia de primera instancia. A pesar del recurso, la jueza Preska mantiene la potestad de exigir que el país deposite las acciones en custodia o incluso declarar a la Argentina en desacato, si considera que está desobedeciendo una orden judicial.