Desde la Federación de Inquilinos Nacional expresaron su máxima preocupación por la falta de políticas estatales que permitan garantizar plenamente el pago de la renta por el alquiler de una vivienda.
Las 16 agrupaciones de inquilinos nucleadas en la Federación advirtieron sobre un crecimiento en las suspensiones de pagos de los alquileres y en los desalojos judiciales debido a que el impacto en el bolsillo es el más alto de la historia. En ese sentido, alertaron que esta situación puede ser el inicio de una profunda crisis habitacional y social.
«La libertad de contratación es en realidad una libertad de negocios que nos encadena a destinar la mitad – o más – de nuestros ingresos del hogar sólo al pago del alquiler. Trabajamos la mitad del mes para el rentista», reclamaron.
Según lo informado a través de un comunicado, «la Argentina triplicó la cantidad de familias inquilinas en las últimas tres décadas mientras el impacto del alquiler en el bolsillo del trabajador/a que alquila, es el más alto de la historia».
En ese marco, las entidades sostienen, «muchísimas familias, parejas o personas solas, que ya no pueden afrontar aumentos trimestrales atados a la inflación, buscan desesperadamente una habitación en vivienda particular compartida, los jóvenes que tienen donde volver lo hacen a casa de los padres o familiares, y otros simplemente quedan en la calle invisibilizados».
«Las consecuencias del DNU 70 del Gobierno de Javier Milei, es un retroceso de 100 años, cuando las familias trabajadoras vivían hacinadas y no podían ejercer ningún derecho, solo entregar su fuerza de trabajo y pagar el alquiler. En nombre del perverso y cínico ‘acuerdo entre partes’, de Ushuaia a La Quiaca tres millones de hogares inquilinos están sufriendo la mayor extracción de ingresos que se recuerde y cuyas consecuencias son dramáticas. El Gobierno ha nacionalizado el saqueo sin ley ni protección alguna», recalcaron
«No hay una sola organización comunitaria que desconozca lo que ocurre, porque inquilinas e inquilinos somos la mayoría de los que trabajan y los que estudian. El futuro inmediato es obvio: empieza a proliferar la suspensión de pago, crece el desalojo judicial. Nos adentramos en una crisis habitacional que desembocará inevitablemente en una crisis social», concluyeron desde la Federación.