Con un llamativo silencio y sin dar ninguna explicación, el interbloque oficialista de Juntos por el Cambio aprobó este miércoles en medio de una sesión con escándalo incluido la excepción para la construcción de un edificio de 15 pisos en favor de un grupo empresario que tiempo atrás fue acusado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, de ser una “pantalla” para llevar adelante maniobras de lavado de dinero del narcotráfico.
Después del escándalo en el que se convirtió la sesión de este miércoles del Concejo Deliberante, y tras más de dos horas de cuarto intermedio, el Cuerpo empezó a tratar los expedientes que llegaron con dictamen de comisión y el segundo de ellos fue uno por demás polémico.
Se trata de un proyecto de ordenanza que fue presentado originalmente en 2023 por el gobierno de Guillermo Montenegro, ante un pedido de la constructora Lener del grupo Dinal, que autoriza la construcción de un edificio en Colón y Güemes por fuera de los límites permitidos.
Concretamente, apunta a que se apruebe una excepción al Código de Ordenamiento Territorial (COT) para poder construir un edificio de quince pisos, teniendo en cuenta que por la normativa vigente sólo podrían hacerlo de ocho.
Pero la discusión, más allá de las normas urbanísticas, se centra en un antecedente inmediato que llevó a demorar el tratamiento del expediente: una conferencia de prensa dada a fines de 2023 por el ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en la que señaló que el grupo empresario era investigado por la Justicia Federal de San Martín por formar parte de una red de lavado de dinero que operaba para la organización narco liderada por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, quien se encuentra preso en el penal de Ezeiza, condenado a 27 años de prisión por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Incluso la funcionaria afirmó que se trataba de empresas que funcionaban como “pantallas” para el lavado de dinero narco.
Con esos antecedentes, y después de que en marzo de 2024 representantes de la empresa se presentaran en la comisión de Obras para pedir su avance y desligarse de las acusaciones, la semana pasada la comisión retomó el tratamiento.
Allí el oficialismo votó de manera positiva para hacer avanzar el expediente, pero lo hizo en silencio sin hacer ningún comentario. Con el paso a la comisión de Legislación, el lunes se volvió a tratar y ocurrió lo mismo: el oficialismo lo aprobó y no dio ninguna explicación. Sin embargo, desde la oposición sí hicieron uso de la palabra para remarcar la situación que atravesó la empresa.
Fue la concejala Mariana Cuesta de Unión por la Patria la que se encargó de leer parte de un artículo periodístico en el que se reflejó la conferencia de prensa dada en 2023 por Bullrich. Y les preguntó a los concejales oficialistas: “¿La ministra Bullrich mintió cuando dijo que este grupo era una pantalla que lavaba dinero narco? ¿O vamos a aprobar proyectos de ese tenor en la ciudad?”. Pero no hubo respuestas.
Con ese marco, este miércoles el expediente llegó a la sesión. Y allí pasó lo mismo: el oficialismo lo aprobó sin que ningún concejal hablara ni diera alguna explicación. La Libertad Avanza, también sin dar fundamentos, se abstuvo. Y tanto Unión por la Patria como Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra.
Pero antes de la votación la concejala Cuesta volvió a exponer la situación. Primero criticó en sí la nueva excepción a las normas urbanísticas al acusar que, por ejemplo, “el informe de impacto ambiental lo firma la mujer del secretario de Obras de Montenegro“. Se trata de la misma situación que ya se advirtió en otra polémica excepción aprobada por el Concejo para construir la torre de 35 pisos en el predio de Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón que está frenada por la Justicia. Ese fue justamente uno de los planteos de los demandantes quienes alertaron por un “evidente conflicto de intereses”.
Pero la concejala de Unión por la Patria consideró que incluso eso “entra en la normalidad de la gestión de Montenegro” para enfatizar en la situación que atraviesa la empresa a la que ahora se va a beneficiar con la excepción.
“Si Bullrich no mintió este Concejo va a votar una nueva excepción inmobiliaria pero a una pantalla de lavado narco”, remarcó y pidió que “cada uno que está sentado acá se haga cargo”. También dijo que le parecía un “horror” lo que se estaba votando e insistió: “Mientras que Bullrich no diga que se equivocó esta es una nueva excepción de Montenegro pero esta vez con plata narco en Mar del Plata”.
ANTECEDENTES
En el tratamiento inicial del expediente en marzo de 2024 la concejala Angélica González (Coalición Cívica) había reconocido que la situación judicial de la empresa era “una preocupación importante para todo el Cuerpo” a la hora de evaluar el permiso y había pedido que la firma “aportara toda la documentación” que considere en torno a la tramitación de la causa.
En ese marco, y pasado casi un año, el 18 de febrero las empresas Lener Constructora SA y Grupo Dinal SA presentaron un escrito que se incorporó al expediente en el que se afirmó que en la causa judicial 45206/23 que se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, “se investigan hechos supuestamente delictivos cometidos por terceras personas ajenas al grupo”.
En su descargo por escrito, la empresa a través de su abogado Matías Cúneo Libarona -hermano del actual ministro de Justicia del gobierno de Javier MIlei- aseguró que en la causa “se realizaron diversas averiguaciones en torno a las sociedades del Grupo Dinal SA para descartar cualquier vinculación con aquellas” y que “sus socios y directivos, de manera inmediata y espontáneamente se pusieron a disposición del tribunal y de la fiscalía, formulando las aclaraciones pertinentes en pos de acreditar su absoluta ajenidad a los hechos y a las personas allí investigadas”.
También presentó informes aportados a la causa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en los que, planteó, “no existen objeciones o infracciones a normativa alguna”.
Cuando en diciembre de 2023 el Ministerio de Seguridad difundió el caso, Bullrich sostuvo que, a pesar de estar preso, “Mameluco” Villalba continuaba operando un sistema de lavado de dinero a través de dos financieras ocultas en un “supermercado chino” de Villa Crespo y a un Rapipago de la localidad de San Martín, donde tres colaboradores llevaban dinero originado en la comercialización de drogas.
Desde allí, la funcionaria afirmó que se descubrió que se habían depositado 400 millones de pesos en efectivo en dos grupos empresariales: el grupo Dinal y la constructora Lener. Y así incluso la ministra acusó que las empresas -que hace varios años se desempeñan en Mar del Plata con distintos proyectos– funcionaban como “pantallas” para el lavado.