El Equipo Argentino de Antropología Forense llevará adelante en los cementerios municipales de Mar del Plata acciones enmarcadas en el “Proyecto Integral de Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas por el Terrorismo de Estado en la Provincia de Buenos Aires”.
La decisión se dio a conocer este jueves mediante un decreto del gobernador Axel Kicillof, que aprobó un convenio celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la entidad el 22 de abril que tiene por objetivo el otorgamiento de un subsidio por $ 43 millones para el desarrollo del proyecto.
De acuerdo a los fundamentos del decreto, el propósito es “trabajar en los cementerios municipales de Mar del Plata y Magdalena, donde es posible encontrar restos de personas detenidas-desaparecidas”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense aplica metodologías y técnicas de diferentes ramas de las ciencias forenses para la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de causas de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas, y trabaja con víctimas de desapariciones forzadas, violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; narcotráfico, trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes, entre otras.
“Su labor se sustenta en los principios de los Derechos Humanos, del derecho humanitario internacional y, fundamentalmente, en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia”, destacó el gobierno bonaerense.
A lo largo de su extensa trayectoria de más de cuatro décadas realizó “una labor indispensable no solo para identificar a personas víctimas de desaparición forzada, sino para contribuir de manera fundamental a la consolidación de una cultura de los derechos humanos y a las políticas de memoria, verdad y justicia, reparación y garantías de no repetición como pilares para el fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país, en la región y en el mundo”, apuntó.
También recordó que “el trabajo de esta institución fue imprescindible para acreditar extremos probatorios en causas por crímenes de lesa humanidad que resultaron emblemáticas”, y permitieron “conocer, revelar y probar las características de los dispositivos desplegados por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar que asoló al país”.