La Policía Federal Argentina (PFA) realizó 38 allanamientos en distintas localidades de Santa Fe y detuvo a más de nueve personas, entre ellas Santino Alvarado, hijo del condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. El joven fue localizado en una vivienda de Funes y, al momento de su detención, rompió tres teléfonos celulares.
Los procedimientos se llevaron adelante en Rosario, Funes, Roldán y San Lorenzo, en el marco del Plan Bandera del Ministerio de Seguridad Nacional. Durante los operativos, los efectivos secuestraron cocaína, armas de fuego, cargadores, municiones y una granada de mano.
La investigación judicial apunta al entorno de Esteban Lindor Alvarado y a sus presuntos vínculos con una organización dedicada a distintas actividades ilícitas. Entre los detenidos también se encuentran María Fernanda Rojas y Claudio Tavella, identificados por los investigadores como personas de extrema confianza del capo narco.
De acuerdo con las pesquisas, Santino Alvarado habría utilizado a su círculo de allegados para desarrollar diferentes maniobras delictivas, entre ellas el cobro de dinero a terceros, la comercialización de armas y municiones, la venta de estupefacientes y el cambio de divisas.
Los investigadores sospechan que parte de esas operaciones eran disimuladas mediante la compra y venta de vehículos de gama media y alta, que habrían sido utilizados para canalizar fondos provenientes de actividades ilegales y realizar maniobras de lavado de activos.
En ese esquema, María Fernanda Rojas habría tenido un papel central en el manejo de los movimientos de dinero. Según la investigación, conocía en profundidad el funcionamiento de la estructura y sus relaciones internas, por lo que se presume que, tras la detención de Esteban Alvarado, habría asumido un rol relevante para garantizar la continuidad de las actividades.
Por su parte, Claudio Tavella, abogado de Esteban Alvarado, también habría mantenido un vínculo de estrecha confianza con el condenado. Ambos habían compartido un período de detención años atrás y, según las pesquisas, Tavella no solo ejercería su representación legal, sino que también atendería distintos requerimientos y mantendría comunicaciones telefónicas cotidianas con él.
La causa se inició a partir de una investigación por un intento de fuga de Esteban Lindor Alvarado del Complejo Penitenciario Federal N.º 1 de Ezeiza, que tramitó ante el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. A partir de ese episodio, la Justicia ordenó profundizar las averiguaciones sobre el entorno del narcotraficante ante la posible comisión de delitos vinculados con la Ley 23.737.
Las tareas de inteligencia se concentraron en Santino Alvarado y sus contactos más cercanos. Para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización, los investigadores realizaron intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias encubiertas y utilizaron drones para identificar domicilios, personas y vehículos.
Las armas, la droga y la granada secuestradas
Entre los elementos incautados en una vivienda vinculada a Santino Alvarado se encontraron una escopeta calibre 12/70 con 14 municiones, una pistola Glock calibre 9 milímetros con mira láser y tres cargadores con 88 municiones, además de una pistola Ruger calibre .380 con dos cargadores y 125 municiones.
En otro inmueble relacionado con Nicolás David Torres, los efectivos hallaron un ladrillo de cocaína de aproximadamente un kilogramo, una pistola Glock calibre .40 con el cañón modificado para la colocación de un silenciador y dos municiones en su cargador.
También secuestraron una pistola Taurus calibre 6,35, dos balanzas de precisión, una granada de mano, 205 municiones calibre .223 y cuatro cargadores de fusil.
Los procedimientos fueron realizados por la División Operaciones Federales de la Policía Federal, por orden del Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, con intervención de la Secretaría B y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA.
El operativo se enmarcó en el Plan Bandera, mediante el cual el Ministerio de Seguridad Nacional busca fortalecer las investigaciones criminales y el despliegue de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico y desarticular las estructuras delictivas que operan en la región.