El juez federal Daniel Rafecas condenó al agente de la Policía Federal Cristian Rivaldi por haber rociado con gas pimienta a una niña de 10 años y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados, realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso Nacional.
El efectivo recibió un año y tres meses de prisión en suspenso por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves, además de una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El episodio tuvo como víctimas a Carla Pegoraro y a su hija Fabrizia, quienes se encontraban sentadas sobre el asfalto, en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, cuando avanzaron los efectivos policiales para despejar la zona.
Según quedó acreditado durante el juicio, el agente utilizó un dispositivo disuasivo contra ambas mujeres, pese a que no estaban enfrentándose a los uniformados ni ofreciendo resistencia.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien reunió registros audiovisuales, fotografías, testimonios y documentación oficial de la Policía Federal para reconstruir lo sucedido e identificar al responsable del ataque.
Entre las pruebas incorporadas al expediente también se encuentra la historia clínica de Fabrizia, atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron conjuntivitis química como consecuencia de la exposición al gas pimienta. Tanto la niña como su madre sufrieron irritación ocular y otras molestias físicas que persistieron durante varios días.
A lo largo de la investigación, Rivaldi negó haber dirigido el gas contra la menor. En su descargo sostuvo que había recibido órdenes de avanzar sobre los manifestantes para liberar la circulación y que utilizó el elemento disuasivo en medio de forcejeos con algunas personas. También planteó que el gas pudo haber sido arrojado por un tercero cuya identidad no pudo establecerse.
Sin embargo, la acusación descartó esa explicación a partir del análisis de las filmaciones. Taiano sostuvo que las imágenes permitían identificar a la niña y a su madre en el lugar donde se produjo el rociamiento. También destacó que el efectivo llevaba parcialmente levantado el visor de su casco, lo que le proporcionaba mayor visibilidad del entorno.
Otro de los puntos centrales de la acusación fue el incumplimiento de las normas que regulan el uso de la fuerza por parte de las fuerzas federales. El fiscal señaló que los efectivos deben recurrir a la mínima fuerza necesaria y prestar especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
La condena se conoció después de un juicio correccional encabezado de forma unipersonal por Rafecas, en el que se evaluaron las pruebas reunidas durante la instrucción. La querella que representa a la niña y a Carla, su madre, quien estuvo presente durante la audiencia, estuvo a cargo del abogado Gregorio Dalbón.
Rivaldi se convirtió en el primer integrante de las fuerzas de seguridad condenado por su actuación durante los operativos desplegados en las protestas frente al Congreso.
El caso se inscribe en una serie de investigaciones judiciales por presuntos abusos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones frente al Congreso. Entre los expedientes que avanzan hacia nuevas instancias judiciales aparecen los del gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de disparar contra el fotógrafo Pablo Grillo; el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, señalado por otro disparo que hirió a un manifestante durante aquella jornada; y el policía Nicolás Emanuel Céspedez, cuyo procesamiento fue confirmado por empujar y lesionar a una jubilada de 82 años.