El Gobierno de Estados Unidos reconoció su preocupación por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por la administración de Javier Milei para sancionar a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Sin embargo, Washington aclaró que respeta el proceso legislativo del país y evitó solicitar modificaciones al proyecto que se encuentra pendiente de tratamiento en el Congreso.
La posición fue expresada por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa que compartió con el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín, donde ambos funcionarios repasaron distintos aspectos de la relación bilateral.
“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, sostuvo Landau, número dos del secretario de Estado Marco Rubio.
El funcionario estadounidense aclaró que su Gobierno no pretende intervenir en el debate parlamentario. “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron después de que trascendieran contactos entre Buenos Aires y Washington por las posibles consecuencias de las sanciones sobre compañías y fondos de inversión estadounidenses con participación en proyectos económicos en Malvinas.
Según trascendió, la Casa Rosada descarta avanzar contra grandes actores financieros si esas medidas comprometen la relación bilateral. No obstante, el Ejecutivo sostiene que las observaciones estadounidenses no constituyen una exigencia formal para retirar el proyecto.
La iniciativa, enviada al Congreso el 17 de septiembre, busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones contra empresas que financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
El texto contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de mecanismos para que las compañías puedan abandonar las operaciones alcanzadas por las penalidades.
Quirno defendió la propuesta al considerar que la legislación actual resulta insuficiente para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El canciller explicó que el proyecto ofrece alternativas para desistir de inversiones realizadas bajo licencias que la Argentina considera ilegítimas.
“No va en contra de nadie en particular”, aseguró el funcionario, quien planteó que las empresas deberán evaluar si continúan operando en las islas o desarrollan proyectos en el territorio continental argentino, donde el Gobierno identifica un importante potencial energético.
El ministro ratificó que la soberanía sobre Malvinas constituye una cuestión innegociable y que la Argentina continuará utilizando las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para sostener su reclamo.
Sin embargo, el tratamiento parlamentario permanece demorado por diferencias entre el oficialismo y bloques aliados sobre otros capítulos del proyecto, especialmente los relacionados con defensa, seguridad nacional e inteligencia.
Otro de los puntos abordados durante la conferencia fue la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, organismo en el que se analiza anualmente la cuestión Malvinas.
Landau sostuvo que esa iniciativa responde a una política general de reforma de los organismos multilaterales y no representa una posición específica sobre el conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
“Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo”, manifestó.
Quirno reconoció la importancia del Comité de Descolonización para la posición argentina, aunque aclaró que la continuidad del reclamo no depende exclusivamente de ese organismo.
“En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo”, afirmó el canciller, quien reiteró que el objetivo argentino sigue siendo lograr que Londres retome las negociaciones bilaterales por la soberanía de las islas.
La agenda bilateral incluyó conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, infraestructura y el acuerdo comercial. También se analizaron los avances del Corredor Andes-Atlántico, destinado a conectar las regiones mineras y energéticas con los puertos del océano Atlántico.
Finalmente, Quirno confirmó que continúan las negociaciones para incorporar a la Argentina al programa de exención de visas estadounidenses, aunque no precisó una fecha para su implementación. También ratificó los preparativos para la visita del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, prevista para noviembre.