El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy que una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló una actividad fraudulenta a gran escala en el otorgamiento de pensiones por invalidez durante gestiones anteriores. Según Adorni, el desvío de fondos asciende a 3.400 millones de dólares en el último año.
La auditoría, encabezada por el Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, detectó un incremento significativo en la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral durante los gobiernos kirchneristas, pasando de 79.000 en 2003 a 1.000.045 en 2015. Para diciembre de 2023, la cifra alcanzó 1.222.000 beneficiarios, un número que Adorni calificó de «estratosférico».
Entre las irregularidades encontradas, se destaca que 683 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires reciben pensiones por invalidez, con un 65% de estos casos otorgados en menos de 30 días. Además, en la Provincia de Chaco, una misma radiografía de hombro fue utilizada para justificar 150 pensiones, y en 2022, un médico de Corrientes adjuntó la radiografía de un perro para obtener una pensión.
Adorni también mencionó que 25.000 personas que reciben pensiones por invalidez actualmente están trabajando, y 60.000 beneficiarios presentan incompatibilidades, como poseer múltiples propiedades, vehículos y embarcaciones, incluso aviones privados.
El gobierno planea denunciar penalmente cada pensión otorgada fraudulentamente. Adorni subrayó que bajo la administración del presidente Milei, se terminará con la corrupción y el mal uso de los fondos públicos.
En el año 2023 se gastó aproximadamente 3.400 millones de dólares, más de medio punto del PBI.
Se estima que un tercio de las pensiones por invalidez fueron mal otorgadas, lo que representaría unos 1.000 millones de dólares de desvío.