Luego de que el Gobierno hiciera oficial la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) cuestionaron a la cuenta de X que se dedicará a desmentir lo que desde Casa Rosada consideren como fake news.
A través de un comunicado, el organismo manifestó su “inquietud por las funciones expresadas y el potencial uso” que puede tener el nuevo organismo que avalaron desde el Poder Ejecutivo. La medida fue impulsada por pedido expreso del presidente Javier Milei. Al igual que la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), el nuevo usuario depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira, hombre del ala del asesor presidencial Santiago Caputo y conocido en las plataformas virtuales por el seudónimo Juan Doe.
Con la iniciativa, el Poder Ejecutivo se propone “desmentir activamente las fake news, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y de la casta política”. “Sólo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, afirmaron desde el Gobierno.
En ese sentido, desde Asociación sostuvieron: “En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”.
Y continuaron: «El proclamado objetivo de ‘desmentir’, parte del supuesto de que alguien miente, es decir falsea la realidad de manera consciente y deliberada, cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones, de reflejar todas las voces. Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública“.
El organismo de entidades periodísticas enfatizó que “la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas”.
“Llama la atención, además, que en la presentación de este organismo se haga referencia sólo a la actividad periodística calificándola de ‘operaciones de los medios’, y no a la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan —muchas en forma anónima o a través de perfiles falsos— en redes sociales y plataformas digitales», añadieron en el comunicado.