El Ministerio de Seguridad declaró a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como entidad terrorista, adjudicándole la “catástrofe ecológica” mediante el incendio de decenas de miles de hectáreas de bosques milenarios en la Patagonia Argentina.
La Resolución 210/2024 fue publicada en el Boletín Oficial; allí se incluye a la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Para el Gobierno los recientes incendios en el territorio comprendido por las Provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut tienen relación directa con los líderes de la entidad: “Recientemente el incendio, como herramienta de presión, fue reivindicado públicamente por el líder de la RAM, Facundo Jones Huala”, según afirma la norma firmada por la Ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.
En los considerandos de la Resolución se indica en el año 2010 hasta el presente, cuando “los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasaron los milenarios bosques patagónicos”, y se produjeron “cientos de hechos con características terroristas”.
Los actos descriptos por el Gobierno como fundamento para declarar organización terrorista a la RAM no tienen como origen a las investigaciones judiciales, sino que surge “simplemente de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de TV”.
En el informe anexo de la norma firmada por Bullrich se argumenta que la existencia real y cierta para la seguridad interior del Estado “es manifiesta, de extrema gravedad y relevancia institucional”.
Dicho informe concluye resaltando a la RAM como un grupo etno-nacionalista violento, cuyos activistas comenten delitos “contra la propiedad” a la vez que infunden temor en las zonas territoriales donde actuan con los objetivos de promover la “lucha insurreccional contra el Estado” y la propiedad privada.
Atodo esto, resulta importante remarcar uno de los argumentos por los cuales el Gobierno afirma que los incendios son realizados por la organización mapuche: “Desde que se derogó el Decreto Nº 805/21, que había prorrogado los plazos establecidos en la Ley Nº 26.160 que impedía los desalojos de tierras usurpadas, una situación que se extendió de manera inconcebible durante 18 años (…) los incendios fueron en aumento”.