El oficialismo votó en unidad el proyecto que busca legalizar las aplicaciones de transporte, prohibidas por ordenanza desde 2019 y que generaron la semana pasada un escándalo de dimensión nacional cuando en el recinto se enfrentaron a golpes representantes de esta nueva alternativa para viajes urbano con otros que se desempeñan como taxistas o remiseros.
Este paso transcendental permitiría que, si están dadas todas las condiciones, llegue a debate y pueda ser votado para que se convierta en ordenanza el próximo jueves, cuando se realice la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante.
Los concejales que responden a los bloques de PRO, La Libertad Avanza, Coalición Cívica y UCR + Nuevos Aires coincidieron en acompañar la iniciativa mientras que sus pares de Unión por la Patria, Acción Marplatense –Movimiento Derecho al Futuro y Frente Renovador se opusieron.
La iniciativa que recibió despacho y a la brevedad llegará al recinto para su debate y eventual aprobación implica un “aggiornamiento” para el esquema del transporte público del distrito de General Pueyrredon ya que incorpora a los servicios autorizados –colectivos, taxis, remises y autos rurales- estas aplicaciones digitales que aún sin tener habilitación ya tienen una marcada presencia por estas calles desde hace varios años. Se estima que hay activos entre 6.000 y 8.000 móviles al servicio de estas plataformas entre automóviles y motos.
Como dato destacado en la normativa se anticipa, según se establece en este proyecto, la creación de lo que se denominará como Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad en el Partido de General Pueyrredon en el que deberán figurar las empresas operadoras de esta modalidad de transporte.
De esta manera se les requerirá que, como responsables del servicio, verifiquen y certifiquen que los choferes que se desempeñan dentro de sus plataformas cumplan con exigencias tales como un registro de conducir de categoría profesional, que presente un certificado de antecedentes penales y que, además, demuestren que son titulares del automóvil que utilizan o cuenten con la debida autorización documentada.
Esas unidades, entre otras exigencias, deberán tener una antigüedad no superior a 15 años, contar con documentación y seguro obligatorio, lo mismo la verificación técnica vehicular e identificación de estar al servicio de estas plataformas que resulta visible.
Y frente a las dudas que han generado estas empresas que son en la mayoría de los casos multinacionales y no han demostrado presencia efectiva ante organismos de gobierno, el Concejo Deliberante requeriría mediante esta ordenanza que sean “solidariamente responsables” por el servicio que prestan quienes se desempeñan dentro de su servicio.
El proyecto original lo impulsó el concejal Guido García y así como recibió el aval de los bloques del oficialismo, también encontró críticas muy duras de parte de la oposición al entender que en caso de avanzar hacia la aprobación como ordenanza “no solucionará el problema”.
Apuntaron además a la previa de esta aprobación en comisiones, ya que se avanzó rápido en esta aprobación apenas una semana después de la escandalosa reunión que terminó a las trompadas por enfrentamientos entre sectores de distintas ofertas del transporte en la ciudad.