Irrumpieron en la sala de prensa de Casa Rosada y robaron pertenencias que los periodistas guardaban en sus cajones, un acto de intimidación que tiene como telón de fondo los insultos de Javier Milei y que pone en riesgo los derechos constitucionales de la prensa.
Los periodistas acreditados en la Casa Rosada llegaron este lunes a su lugar de trabajo y se encontraron que los cajones de la sala de prensa habían sido abiertos y estaban revueltos, con pertenencias faltantes y objetos personales esparcidos por el piso, entre papeles y bolsas de nylon.
El hallazgo provocó denuncias de robos e intimidación por parte de los comunicadores que cubren a diario la actividad oficial en la sede de gobierno, especialmente porque tiene como telón de fondo los insultos del presidente Javier Milei y un episodio previo en el que se impidió el ingreso de los periodistas al lugar.
El periodista Fabián Waldman fue uno de los primeros en advertir la situación y relató lo ocurrido a través de redes sociales. Además, recordó que antes de la asunción de Milei “los acreditados teníamos la llave, abríamos y cerrábamos” el salón. “Hoy la seguridad está peor que antes”, remarcó.
Además, durante los fines de semana el acceso a la Casa Rosada queda restringido para la prensa, salvo que haya una actividad oficial convocada. Solo circulan por el edificio el personal de seguridad, de maestranza y los funcionarios que así lo dispongan.
En la misma línea se pronunció Silvia Mercado, quien denunció que “la Sala de Periodistas de la Casa Rosada fue intrusada” y agregó: “Ya no saben qué hacer para evitar que se hable de los problemas de la población“. No hay antecedentes registrados de un episodio similar en la sala de prensa.
Frente al episodio, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) exigió que se garantice “el trabajo profesional, las condiciones históricas y la seguridad de las y los trabajadores de prensa acreditados en Casa de Gobierno”. Son alrededor de 60 los profesionales que cuentan con acreditación para trabajar dentro del edificio.
Un derecho constitucional en riesgo
Más allá de la sustracción de objetos personales, el hecho despierta preocupación por otra dimensión: la posible exposición de información sensible que los periodistas manejan en el ejercicio de su profesión.
La Constitución Nacional protege expresamente el secreto de las fuentes periodísticas en el párrafo final de su Artículo 43, incorporado en la reforma de 1994, que establece: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.
Esta garantía constitucional exime a los periodistas de la obligación (que sí alcanza al resto de los ciudadanos) de revelar ante la Justicia el origen de la información que publican. De este modo, protege la circulación de datos de interés público y ofrece resguardo a informantes, denunciantes o testigos que aportan información confidencial sin temor a represalias.
Al tratarse de una garantía de jerarquía constitucional, ninguna orden judicial, policial o norma de rango inferior puede dejarla sin efecto. En ese marco, el ingreso no autorizado a la sala y la revisión de pertenencias personales de los comunicadores representa también una vulneración de ese derecho dentro del propio edificio de gobierno.
La cruzada de Milei contra los periodistas
El episodio se produce en un contexto de violencia creciente por parte del Gobierno contra la prensa acreditada en Casa Rosada, marcado en los últimos meses por sucesivos reclamos de los trabajadores de medios.
El antecedente más significativo se remonta al 23 de abril, cuando la Casa Militar (encargada de la seguridad dentro de Balcarce 50) dispuso el cierre de la sala de prensa durante once días, hasta el 4 de mayo. Fue la primera vez, desde el retorno de la democracia, que un gobierno clausuró ese espacio de trabajo para los periodistas.
La medida se tomó luego de que la Casa Militar radicara una denuncia penal contra dos periodistas del canal TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, por filmar pasillos y despachos del edificio con lentes con cámara incorporada. La acusación de “espionaje” fue desestimada el 13 de mayo por el juez federal Ariel Lijo.
Tras la reapertura, la sala volvió a funcionar, pero bajo nuevas restricciones. La llave, que antes estaba en manos de los propios periodistas, quedó bajo control de la Casa Militar y no fue devuelta.
Además, se colocaron mamparas en las ventanas para impedir la visión hacia el interior, se prohibió el acceso al Patio de las Palmeras y a los pasillos del primer piso, y se reforzó la presencia de personal de la Casa Militar en las inmediaciones de la sala, un sector que los periodistas suelen utilizar para hacer sus transmisiones y llamados telefónicos.
También se cambió la puerta de ingreso destinada a la prensa, se implementó un doble control con detectores de metales, se comenzó a registrar en una lista a quienes entran y salen, y se exige a los comunicadores dejar sus credenciales al ingresar. Según relataron los propios periodistas, en ocasiones también son acompañados por personal de seguridad al ir al baño o mientras realizan llamados telefónicos.
Este clima de mayor control coincide, además, con los reiterados insultos del presidente Javier Milei hacia los periodistas. Por caso, el jueves previo al hallazgo de los cajones revueltos, el mandatario había alentado a un grupo de estudiantes del colegio ORT a increpar a los periodistas, tras cuestionar de manera general su labor: “Si quieren hacerlo más fuerte, se los voy a festejar“.