“Mercado Pago está haciendo un negocio extraordinario con la necesidad de millones de trabajadores que no pueden acceder al crédito bancario. Estamos hablando de tasas que llegan a más de 1.300% de costo financiero total anual, mientras el Banco Nación presta a tasas varias veces inferiores e incluso refinancia a deudores en mora a tasas del 12 y 14%. No estamos ante una diferencia normal entre tasas de mercado: estamos ante un verdadero mecanismo de usura, que se aprovecha de quienes necesitan dinero para llegar a fin de mes y no tienen otra alternativa”, manifestó el dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Gabriel Solano.
“Esto califica como delito de usura. El Código Penal en el artículo 175 bis. refiere ´al que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años”, agregó.
“La particularidad de Mercado Pago es que convirtió el endeudamiento en un negocio masivo, automatizado y permanente. La propia información del Banco Central muestra que la morosidad en las billeteras virtuales es muy superior a la de los bancos, mientras millones de personas migran hacia estas plataformas porque quedaron afuera del sistema financiero tradicional. La ausencia de regulación específica no habilita a una empresa a cobrar cualquier tasa ni la coloca por encima del Código Penal. Reclamamos que la Justicia investigue porque detrás de estas tasas existe un aprovechamiento sistemático de la necesidad, ligereza o inexperiencia de los usuarios”.
Finalmente, Solano señaló: “Mercado Libre opera en otros países de la región bajo un esquema regulado y sujeto a la supervisión del Banco Central, con costos financieros muy inferiores a los que cobra en Argentina. Esto demuestra que no estamos frente a un costo inevitable del crédito, sino ante una política de tasas que debe ser investigada. Presentamos esta denuncia para que se determine quiénes decidieron esta política, cuántos usuarios fueron afectados y si se configura el delito de usura. La complicidad del Estado es clara. No puede mirar para otro lado mientras billeteras digitales hacen negocios millonarios sobre el endeudamiento de los trabajadores”.
