La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó la decisión de la jueza Marta Yañez de avanzar con el juicio oral en el caso del hundimiento del submarino ARA San Juan, que hace siete años se llevó la vida de 44 tripulantes. A pesar de que aún quedan investigaciones pendientes, los familiares de las víctimas insisten en que se deben señalar también las responsabilidades políticas.
El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos será el encargado de llevar adelante el proceso, en el cual están imputados cuatro altos mandos de la Armada: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, responsable de Adiestramiento y Alistamiento al momento de la tragedia; el capitán de navío Claudio Villamide, a cargo de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. A todos ellos se les imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el fallecimiento de los tripulantes.
Mientras tanto, las investigaciones seguirán en curso para el resto de los involucrados, luego de que se dictara la falta de mérito para otros marinos, como Eduardo Luis Malchiodi, Jorge Andrés Sulla y José Alberto Marti Garro. Las familias de las víctimas continúan reclamando que se investiguen también las posibles responsabilidades políticas, con especial énfasis en el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada, almirante Marcelo Srur.
Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los fallecidos, expresó su descontento con los avances hasta la fecha, afirmando que “aún estamos lejos de la verdad y la justicia”. Tagliapietra señaló que el hallazgo de los restos del submarino, ocurrido en noviembre de 2018 a más de 500 kilómetros de la costa de Caleta Olivia, no es suficiente para dar cierre a la investigación.
La decisión de elevar parcialmente la causa a juicio se tomó pese a la imposibilidad de realizar una pericia submarina, ordenada por la Cámara Federal en 2020. La falta de colaboración por parte de países con capacidad técnica, como Países Bajos, Estados Unidos o India, impidió que los estudios se llevaran a cabo.
No obstante, los jueces sostuvieron que el peritaje no era esencial para avanzar en el caso, dado que ya se había comprobado que el ARA San Juan no cumplía con los requisitos de alistamiento para realizar la misión, lo cual justifica las imputaciones penales.