La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) advirtió que la venta ilegal perjudica a las empresas que cumplen con sus obligaciones y deteriora las condiciones laborales. Consultada por Mundo Gremial, la entidad reclamó una mayor coordinación entre los organismos del Estado para combatir el contrabando y planteó que los controles deben acompañarse con una reducción de la presión tributaria sobre la actividad formal.
«La venta ilegal destruye empleo registrado en el sector formal y lo sustituye por empleo precarizado, sin aportes jubilatorios ni cobertura médica, a menudo vinculado a redes de trabajo esclavo, contrabando y falsificación de marcas», sostuvieron desde la CAC.
El planteo se conoce después de la reunión que la entidad mantuvo el 29 de septiembre con el director general de Aduanas, José Andrés Veliz. En ese encuentro, ambas partes intercambiaron información sobre el contrabando en distintos puntos del país y acordaron continuar trabajando en el análisis del problema y la búsqueda de soluciones.
Reducción de personal y menos contrataciones
La cámara vinculó la competencia ilegal con las dificultades para sostener y ampliar las plantillas laborales. Según indicó, el problema alcanza a empresas de diferentes tamaños y condiciona las decisiones de contratación.
Desde la CAC señalaron que tienen conocimiento de que, tanto en compañías pequeñas como grandes, la venta ilegal «es un factor que favorece la reducción de personal y desalienta las contrataciones».
La entidad explicó que esa desigualdad comienza en los costos que afrontan quienes desarrollan su actividad dentro del circuito formal.
«Mientras que el comerciante legalmente establecido debe pagar tributos, que por cierto consideramos que son excesivos (por mencionar algunos IVA, Ganancias, Ingresos Brutos y tasas municipales), otros costos fijos como alquileres y servicios, además de cargas sociales para sus empleados registrados, el informal opera sin muchos de estos costos», describieron.
Para la cámara, esa diferencia termina castigando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales. «Se convierte en una competencia desleal flagrante, que si no se combate puede crecer, desalentando aún más la formalidad y generando un auténtico círculo vicioso», advirtieron.
El diagnóstico también incluye un perjuicio para la recaudación. Según la CAC, la venta ilegal resta recursos para financiar el gasto público y dificulta una reducción de los tributos que soportan las empresas formalizadas.
Jeans declarados a 50 centavos de dólar
Entre los casos planteados ante Aduanas, la entidad mencionó el ingreso de productos con valores declarados particularmente bajos. El ejemplo elegido fue el de prendas de vestir.
«Si bien son muchos los casos que se repiten, se mencionó el caso de productos con declaración de muy bajo valor cuando entran en Aduana, por ejemplo, jeans a 50 centavos de dólar», indicaron desde la CAC.
La observación se refiere al valor declarado ante el organismo aduanero. Fue uno de los puntos que la cámara utilizó para fundamentar su pedido de coordinación estatal.
Al describir el encuentro, explicaron que se abordó «la situación general de la venta ilegal a nivel nacional y la necesidad de una profunda articulación entre los diferentes organismos del Estado para coordinar las acciones contra este flagelo que perjudica al comercio».
Fronteras, redes sociales y galpones: el reclamo por fiscalías especializadas
La CAC pidió intensificar los controles fronterizos, especialmente en los límites con Bolivia y Paraguay. Según sostuvo, por lugares que no constituyen pasos habilitados circula diariamente mercadería ilegal.
La entidad reconoció las dificultades que implica fiscalizar esos territorios. «Somos conscientes de que es una tarea harto compleja por la extensión de territorio implicado», señalaron.
El reclamo también alcanza a los canales de comercialización y distribución dentro del país. En ese punto, la cámara puso el foco en la publicidad digital y en los lugares utilizados para entregar los productos.
«Hay mucha mercadería ilegal que se vende y publicita por redes sociales y luego se despacha o entrega en galpones. Una forma de llegar a quienes organizan y financian estos circuitos podría ser la creación de fiscalías especializadas», propusieron.
La iniciativa apunta a investigar a los responsables de organizar y financiar esas operaciones, además de reforzar los controles sobre el ingreso y la venta de la mercadería.
Las compras a China y la competencia con el comercio formal
Consultada sobre el impacto de los productos chinos, la CAC reconoció que las compras por internet afectan las ventas de los comercios establecidos. Sin embargo, ubicó su principal preocupación en la comercialización ilegal.
«Las compras on line de productos chinos impactan en las ventas del comercio formal, pero el mayor problema está en la venta ilegal ya sea por contrabando, falsificación de marca o bien en la no facturación de los productos por la alta presión tributaria», respondieron.
Así, la entidad distinguió el impacto comercial de las compras al exterior de las irregularidades que denuncia en el ingreso, la identificación de las marcas y la facturación de los productos.
Menos impuestos para sostener la actividad formal
Dentro de sus propuestas para sostener a las empresas y al empleo registrado, la cámara planteó una reducción de impuestos en los distintos niveles del Estado. El pedido puso especial énfasis en las obligaciones provinciales y municipales.
«Además de controles contra el contrabando tanto en frontera como en las diferentes ciudades, creemos que podría contribuir a combatirla la baja de impuestos en todos los estratos, pero especialmente a nivel provincial y municipal», expresaron desde la CAC.
La propuesta se vincula con su diagnóstico sobre los costos que afrontan los comercios registrados y la desigualdad que enfrentan frente a quienes operan sin cumplir las mismas obligaciones.
Una agenda regional contra el comercio ilegal
La cámara también destacó su participación como socia fundadora del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, un espacio que reúne a entidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay.
Como parte de esa agenda, Buenos Aires fue sede de un encuentro organizado en la CAC con representantes empresariales y funcionarios. Allí se analizaron distintas modalidades de comercio ilegal y se firmó una declaración para fortalecer las acciones regionales contra el contrabando, la piratería y otras prácticas que afectan a la actividad formal.
La entidad explicó que el intercambio de información entre cámaras se complementa con gestiones ante los gobiernos de cada país.
«Cada integrante del Consejo gestiona con sus respectivas autoridades y fomentamos la cooperación entre los diferentes Gobiernos y sus dependencias (Aduana, Ministerio de Seguridad, etc.)», finalizaron.