La Confederación General del Trabajo (CGT) impulsa una jugada para modificar la estructura de la administración nacional y sacar el área laboral de la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. La propuesta apunta a que la Secretaría de Trabajo pase a depender de la Jefatura de Gabinete, actualmente a cargo de Diego Santilli, en busca de recuperar una interlocución institucional que hoy consideran prácticamente inexistente.
El planteo responde al creciente malestar por el funcionamiento de la cartera laboral, donde se acumulan trámites demorados, expedientes frenados y homologaciones de acuerdos paritarios que avanzan con lentitud o permanecen trabadas. La situación afecta tanto a las organizaciones sindicales como a las cámaras empresarias, que encuentran cada vez más dificultades para resolver cuestiones administrativas y canalizar sus reclamos.
En la mirada de la CGT, el problema excede las diferencias políticas con el Gobierno. El área de Trabajo dejó de funcionar como un ámbito capaz de ordenar las relaciones laborales, procesar conflictos y sostener canales de diálogo que permitan alcanzar soluciones. La falta de respuestas y la ausencia de continuidad en la gestión terminaron por deteriorar el vínculo con los distintos actores del mundo del trabajo.
En ese escenario, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quedó prácticamente sin margen de maniobra. «Es prácticamente una estatua en el ministerio», sostiene un experimentado sindicalista. Su gestión perdió protagonismo dentro de una estructura en la que las decisiones se concentran cada vez más en la conducción política de Capital Humano.
La reciente incorporación de Mariano Sartoris a la Subsecretaría de Trabajo profundizó ese proceso. El movimiento terminó de desplazar a Cordero del centro de las decisiones y consolidó el control de Pettovello sobre el funcionamiento del área laboral.
Santilli, ¿una alternativa para reordenar Trabajo?
La posibilidad de trasladar la Secretaría de Trabajo a Jefatura de Gabinete también coincide con el nuevo protagonismo que comenzó a adquirir Diego Santilli dentro del esquema de Gobierno. El funcionario empezó a recibir responsabilidades sobre asuntos sensibles y aparece como una figura con mayor capacidad política para intervenir en áreas que requieren negociación y resolución de conflictos.
En ese sentido, su desembarco en la Jefatura de Gabinete abre una ventana para intentar recomponer el funcionamiento de Trabajo. En la evaluación política que rodea la propuesta, Santilli cuenta con antecedentes de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo a su cargo la resolución de asuntos complejos, entre ellos la organización del sistema de recolección de residuos.
La eventual transferencia del área laboral representaría también un gesto político hacia la central obrera: sacar la negociación cotidiana de la órbita de Pettovello y colocarla bajo una estructura con mayor capacidad de articulación dentro del Ejecutivo.
La situación actual expone, además, un problema que ya no se limita a la relación entre el Gobierno y los sindicatos. Las demoras administrativas y la falta de interlocutores afectan también a los empresarios, que necesitan respuestas para avanzar con acuerdos salariales, encuadramientos y distintas gestiones ante la autoridad laboral.
A ese escenario se suma la rotación de funcionarios y la salida de distintos integrantes de la estructura, un proceso que impidió consolidar una línea de trabajo estable y profundizó la incertidumbre sobre quién conduce efectivamente las decisiones. Sartoris es el sexto subsecretario de Trabajo en tres años de la gestión Milei.
La CGT apuesta a que un cambio de dependencia permita recuperar un ámbito de negociación con capacidad real de respuesta. La jugada busca, en definitiva, que Trabajo vuelva a tener un interlocutor político con poder de decisión y deje de funcionar como una dependencia administrativa atrapada en la interna de Capital Humano.
Por ahora, el planteo representa una apuesta política de la central obrera. Pero detrás del pedido hay un diagnóstico compartido por distintos sectores: el actual esquema de gestión laboral no ofrece respuestas ni a los trabajadores ni a los empresarios, y la acumulación de problemas empieza a convertir su funcionamiento en un frente de conflicto para el propio Gobierno.