A dos años de la condena contra los hijos del represor Leonardo Miguel Save por lavado de activos, la Justicia Federal modificó el destino de los terrenos decomisados en la causa y ordenó que uno de ellos sea entregado a los hijos de una víctima del terrorismo de Estado.
La resolución fue firmada este lunes por el juez Matías Alejandro Mancini, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en el marco de la denominada causa Save, considerada un antecedente histórico por tratarse del primer juicio en el país por lavado de activos vinculado directamente con delitos de lesa humanidad.
El fallo beneficia a Beatriz y Alberto Mechoso Castellonese, hijos de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, un militante uruguayo secuestrado en 1976 por la denominada “Patota de Aníbal Gordon”, organización represiva que operó en el centro clandestino de detención Automotores Orletti durante el Plan Cóndor.
Según quedó acreditado en la investigación, integrantes del grupo represivo obtuvieron bajo tortura información sobre una importante suma de dinero que Mechoso tenía oculta. Tras apoderarse de esos fondos, utilizaron parte del botín para adquirir terrenos en el barrio Parque Girado, a la vera de la laguna de Chascomús, donde proyectaban desarrollar un emprendimiento inmobiliario.
En mayo de 2024, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata condenó a Marcelo Leonardo, María Natalia, María Eugenia y Ana María Save por lavado de activos, al considerar probado que continuaron las maniobras destinadas a legitimar la propiedad de esos terrenos luego de la muerte de su padre. En aquella oportunidad, además, se ordenó el decomiso de los inmuebles para que fueran destinados a un espacio de Memoria, Verdad y Justicia en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, esa decisión fue apelada y posteriormente revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó dictar un nuevo pronunciamiento exclusivamente sobre el destino de los bienes.
Tras escuchar en audiencia a los hijos de Mechoso y analizar los alcances de la reparación que corresponde a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, el tribunal resolvió que la parcela de mayor extensión sea adjudicada en partes iguales a Beatriz y Alberto Mechoso Castellonese.
El segundo terreno, en tanto, fue asignado a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que había reclamado la aplicación de la normativa que le permite recibir bienes decomisados en causas de lavado de dinero.
En los fundamentos, el juez Mancini sostuvo que los inmuebles representan la transformación patrimonial del dinero robado a Mechoso durante su cautiverio y que, por lo tanto, corresponde que una parte de esos bienes sea utilizada para brindar una reparación concreta a sus familiares.
La resolución destaca además que los efectos del terrorismo de Estado no terminaron con el secuestro y asesinato de la víctima, sino que continuaron durante décadas sobre sus hijos, quienes relataron ante la Justicia las consecuencias personales, familiares y psicológicas que debieron afrontar desde su infancia.
De esta manera, la causa Save vuelve a marcar un precedente judicial al vincular el recupero de bienes obtenidos mediante delitos de lesa humanidad con medidas de reparación directa para las víctimas y sus familias.
Foto: los hijos de Alberto Mechoso, con los restos de su padre, identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense / Crédito: El Observador Uruguay