La Procuración General de la Suprema Corte bonaerense pidió que se haga lugar a los recursos presentados contra la absolución de Analía Verónica Schwartz, la docente que había sido condenada en 2023 a 10 años de prisión por hechos de abuso y corrupción de menores ocurridos en el Instituto San Antonio María Gianelli.
El dictamen, firmado por el procurador general Julio Conte Grand, sostiene que la sentencia de la Sala V del Tribunal de Casación Penal que había revocado la condena y absuelto a Schwartz presenta graves deficiencias en la valoración de la prueba. Por ese motivo, la Procuración respaldó tanto el recurso presentado por la Fiscalía como el de los representantes de los particulares damnificados Cesar Sivo y Romina Merino.
La resolución de Casación había confirmado las absoluciones de Schwartz por varios de los hechos investigados y, además, había hecho lugar al planteo de la defensa para revocar la condena por los hechos 3 y 14. De esa manera, la docente había quedado absuelta también de los delitos por los que había sido condenada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Mar del Plata.
Valoración arbitraria de la prueba
Uno de los principales argumentos del dictamen es que el Tribunal de Casación habría realizado una valoración fragmentada del material probatorio, dejando de lado elementos que, según Conte Grand, resultaban relevantes para analizar el caso en su conjunto.
El procurador sostiene que existieron pruebas que fueron “desconsideradas, fragmentadas y desoídas” y que la sentencia de Casación realizó afirmaciones que no se correspondían con las características que debe reunir una decisión judicial en un caso de estas características.
En ese sentido, cuestionó que el análisis se haya concentrado especialmente en la identificación de Schwartz, la posibilidad de contaminación de los relatos de los niños y el trabajo realizado por los profesionales que participaron de las entrevistas y Cámaras Gesell.
Para Conte Grand, el material probatorio debía ser analizado en su totalidad y considerando la relación entre las distintas evidencias, en lugar de valorar cada elemento de manera aislada.
Otro de los puntos centrales está relacionado con la denominada perspectiva de infancia. El procurador considera que el fallo de Casación no contempló adecuadamente el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y sostuvo que, en una causa de estas características, los tribunales tienen un deber de debida diligencia reforzada.
El dictamen recuerda que el derecho de los niños a ser oídos constituye uno de los principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño y que su cumplimiento no puede reducirse a una formalidad.
En particular, cuestionó que Casación haya considerado relevante que los padres hablaran entre ellos y les preguntaran a sus hijos sobre las situaciones que podían haber ocurrido.
Para Conte Grand, frente a una sospecha de abuso, resulta lógico que los padres intenten averiguar qué ocurrió y consulten con otros integrantes de la comunidad educativa. Además, remarcó que ningún perito había determinado que existiera un relato construido por los adultos.
El dictamen dedica una parte importante a las críticas realizadas por Casación sobre las entrevistas a los menores y el trabajo de los profesionales. Cuestionó especialmente que se haya puesto en duda la actuación de la perito oficial y destacó que durante las Cámaras Gesell se utilizó la técnica de Análisis de Contenido Basado en Criterios (CBCA) y se tuvo en consideración un protocolo vinculado con buenas prácticas de UNICEF.
También señaló que algunas de las profesionales que posteriormente cuestionaron el procedimiento habían estado presentes durante las entrevistas y no habían formulado objeciones en ese momento.
Qué puede pasar ahora
El dictamen de la Procuración firmado el 26 de agostono implica que Schwartz haya sido nuevamente condenada ni que la Suprema Corte ya haya tomado una decisión.
Lo que hizo Conte Grand fue emitir su opinión ante la Suprema Corte y sostener que deben prosperar los recursos extraordinarios presentados por la Fiscalía y los particulares damnificados.
Ahora será la Suprema Corte de Justicia bonaerense la que deberá resolver esos recursos y determinar si corresponde mantener la decisión de Casación o hacer lugar a los planteos que buscan revertirla.