El gobierno nacional avanza en el diseño de una reforma en el sistema de salud que, de aplicarse, podría transformar el funcionamiento de las prescripciones médicas en la Argentina.
La iniciativa, liderada por ministro de Salud, Mario Lugones, propone que los médicos sólo puedan indicar tratamientos vinculados a su propia especialidad.
Desde la cartera de Salud nacional sostienen que la medida apunta a reforzar los controles sobre el gasto sanitario y reducir la judicialización del sistema.
Lugones presentó la propuesta durante una jornada sobre salud que reunió días atrás a funcionarios, jueces, legisladores y representantes de obras sociales y prepagas. Un encuentro que sirvió para analizar el funcionamiento del sistema de mediación Promeso.
Según se publicó en el diario Clarín, en su exposición el ministro Lugones remarcó la necesidad de «controlar muy bien el gasto y a los médicos», especialmente en tratamientos de alto costo. Y para graficar el problema, usó su propio caso como ejemplo: Lugones es cardiólogo y, aunque hace años que no ejerce, todavía hoy podría prescribir tratamientos cardiovasculares sin ninguna restricción.
Desde el Ministerio de Salud aclararon que si bien el proyecto aún está en análisis, se trata de «una actualización necesaria».
Según trascendió, la reforma establecería que cada médico sólo podrá recetar medicamentos y tratamientos correspondientes a su especialidad certificada, lo que implicaría un control cruzado entre matrículas profesionales y prescripciones realizadas.
El ministerio aún no precisó plazos de implementación ni detalló cómo funcionaría el mecanismo de control. Tampoco si habrá excepciones para zonas rurales o localidades sin especialistas disponibles.
Según el gobierno, el actual esquema de prescripción alimenta amparos judiciales de pacientes contra obras sociales y prepagas por cobertura de tratamientos.
Durante el encuentro, jueces federales explicaron que casi el 70 % de las causas en los juzgados civiles y comerciales federales están vinculadas a reclamos de salud.
El gobierno sostiene que muchos de esos amparos surgen porque médicos sin especialización en determinadas áreas recetan tratamientos costosos. Las obras sociales y prepagas los rechazan, y los pacientes lo judicializan.