Los aumentos de las tarifas de peaje en las principales vías de comunicación de la provincia de Buenos Aires volvieron a generar malestar entre los usuarios. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) denunció incrementos de entre el 9% y el 23% que comenzaron a regir en octubre de 2026 y cuestionó la falta de controles sobre la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).
La entidad apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, por autorizar las subas solicitadas por la concesionaria en un contexto de dificultades económicas para las familias y los sectores productivos.
Según el CONADUV, los incrementos representan una nueva carga para quienes utilizan diariamente las rutas y autopistas bonaerenses. Además, advirtió que el encarecimiento de los peajes repercute directamente sobre los costos del transporte y, en consecuencia, puede trasladarse a los precios de bienes y servicios.
El costo anual de viajar por las rutas bonaerenses
Para dimensionar el impacto de las tarifas, el organismo presentó una serie de ejemplos sobre los gastos que pueden afrontar los automovilistas y transportistas que realizan viajes frecuentes por los corredores concesionados.
En el trayecto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata, un automóvil que circula de ida y vuelta durante 20 días al mes, en horario pico, puede acumular un gasto anual de $3.112.000 solamente en peajes. En el caso de un camión de más de seis ejes, bajo una frecuencia equivalente, el monto informado asciende a $18.672.000 anuales.
La situación también se refleja en los viajes hacia la Costa Atlántica. De acuerdo con los cálculos difundidos por el CONADUV, un automóvil que realiza el recorrido entre Buenos Aires y Mar del Plata, ida y vuelta, durante 20 días al mes, afrontaría un costo anual de $11.271.000 en peajes. Para un camión de más de seis ejes, el gasto alcanzaría los $59.510.000.
En la Ruta Provincial 6, en el corredor que conecta La Plata con Zárate y Campana, el organismo estimó un desembolso anual de $2.184.000 para un automóvil y de $10.926.000 para un camión de más de seis ejes, considerando 20 viajes mensuales de ida y vuelta. Además, alertó sobre la próxima instalación de una nueva estación de peaje en la zona de Cardales, que agregaría otro costo para quienes utilizan ese trazado.
Críticas a AUBASA y al destino de la recaudación
El CONADUV cuestionó el funcionamiento de AUBASA y sostuvo que una parte sustancial de los ingresos obtenidos mediante el cobro de peajes se destina a sostener los costos operativos de las estaciones de cobro y de la propia empresa, sin que ello se traduzca necesariamente en mejoras proporcionales de la infraestructura vial.
En ese sentido, calificó los aumentos como medidas recaudatorias destinadas a cubrir el déficit de la concesionaria y reclamó mayor transparencia sobre el destino de los fondos. También criticó la coexistencia de AUBASA con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y puso en duda la necesidad de mantener una estructura empresarial que, a su entender, resulta costosa y burocrática.
La entidad sostuvo que los incrementos tarifarios se repiten año tras año, especialmente en el Sistema Vial Integrado del Atlántico, que comprende la Autovía 2, la Ruta Provincial 11 y otros corredores vinculados. Según su planteo, las subas carecen de fundamentos técnicos y económicos suficientes y no contemplan adecuadamente la situación de los usuarios.
El reclamo por un ente regulador
Otro de los puntos centrales del reclamo es la falta de un marco regulatorio específico y de un ente de control que garantice la participación de los usuarios viales directos e indirectos en las decisiones vinculadas con las concesiones.
El CONADUV recordó que viene solicitando la creación de ese organismo ante distintos gobiernos provinciales y la Legislatura bonaerense, sin obtener una respuesta que considere satisfactoria. También cuestionó la falta de intervención efectiva de la Defensoría del Pueblo de la provincia en esta problemática.
Finalmente, el comité reiteró su rechazo al sistema de cobro de peajes, al que define como un «impuesto al tránsito» y considera inconstitucional. En ese marco, reclamó controles efectivos, transparencia en el uso de la recaudación y mecanismos que permitan defender los derechos de los usuarios frente a los aumentos tarifarios.