En medio de la polémica por la visita de un grupo de diputados libertarios a represores de la última dictadura militar en la cárcel de Ezeiza, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, negó categóricamente haber tenido conocimiento previo del encuentro. La ministra fue señalada por Lourdes Arrieta, una de las diputadas presentes, como una de las funcionarias que estaban al tanto de la reunión. Sin embargo, Bullrich desmintió estas acusaciones afirmando que son «falsas de toda falsedad» y subrayó: «Me enteré por los diarios. Nadie me llamó por teléfono y nadie me dijo nada».
El escándalo se desató cuando Lourdes Arrieta filtró conversaciones de WhatsApp entre los diputados libertarios y el padre Ravazzi, donde se detallaba la organización de la visita a los militares condenados por delitos de lesa humanidad. Arrieta, quien ha expresado temor por su seguridad tras la difusión de estos chats, también enfrenta la posibilidad de ser expulsada de su bloque político, La Libertad Avanza (LLA), por su participación en este episodio.
Bullrich, en declaraciones a Cadena 3, defendió la actuación del Servicio Penitenciario Federal, argumentando que se limitó a cumplir con la Ley de Ejecución de la Pena. «El Servicio Penitenciario Federal hizo lo que dice la ley, que un diputado puede entrar con aparatos para poder sacar fotos, registrar la situación. Es una ley más vieja en la que no se considera el teléfono como cámara de fotos, pero que es similar», explicó. Además, calificó como una «mentira total y absoluta» cualquier intento de involucrarla a ella o al servicio penitenciario en la autorización de dicha visita.
Por su parte, Lourdes Arrieta, en medio de la controversia, realizó un fuerte descargo. La diputada mendocina expresó su temor por su integridad física y aseguró que el juez Kreplak consideró otorgarle custodia tras la denuncia que realizó. «Tengo miedo por mi vida», reveló Arrieta en diálogo con Radio con Vos, añadiendo que dentro de su espacio político existen intentos de desestabilización interna y una dinámica de «verticalismo» que la ha llevado a cuestionar la permanencia de ciertos miembros en LLA.
El conflicto ha escalado hasta el punto de que Arrieta denunció haber sido víctima de violencia de género en el Congreso y criticó duramente la actitud de algunos de sus compañeros de bloque, incluyendo a Martín Menem, a quien acusó de desinterés por su estado de salud durante un ataque de nervios que sufrió en una reunión. «Hay que replantearse quiénes quedan en La Libertad Avanza», manifestó la diputada, asegurando que no renunciará a su cargo y que continuará legislando «para bien» a pesar de las adversidades.
La situación sigue generando tensión en el ámbito político, con implicaciones que podrían afectar la cohesión interna de La Libertad Avanza y la reputación de sus miembros, mientras las declaraciones de ambos lados continúan alimentando el debate público.