Un nuevo proyecto de ley busca reactivar los créditos de ANSES, pero con un enfoque diferente al de programas anteriores. El objetivo central de esta propuesta es el «desendeudamiento» de los sectores más vulnerables, cubriendo un vacío legal tras la baja de normativas previas y apuntando a ofrecer una alternativa formal frente a los prestamistas informales.
La medida alcanzaría a más de diez millones de personas, incluyendo a titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a la D.
Una de las novedades más importantes de este proyecto es que los fondos no llegarían directamente a las manos de los titulares. Para garantizar que el dinero se utilice exclusivamente para saldar deudas y no para consumo discrecional, la ANSES transferiría el monto solicitado directamente a los acreedores indicados por el beneficiario, ya sean entidades bancarias, emisoras de tarjetas de crédito o financieras.
El trámite se plantea como un proceso 100% digital a través de la plataforma «Mi ANSES», sin necesidad de gestores ni intermediarios. Los solicitantes deberán registrar sus deudas y el sistema realizará auditorías automáticas y cruces de información con el sistema financiero para validar la operación.
Montos, tasas y plazos
El proyecto establece condiciones específicas para proteger el ingreso de los beneficiarios:
- Tope máximo: Los créditos serían de hasta $1,5 millones, monto que se actualizaría automáticamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Límite de cuota: Los descuentos mensuales en los haberes no podrán superar el 30% del ingreso neto del solicitante.
- Tasa de interés: Se busca que el costo financiero esté por debajo del promedio comercial para facilitar la regularización de las obligaciones pendientes.
Debido a que se trata de un proyecto de ley, la iniciativa debe ser debatida primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Los impulsores del programa estiman que, de obtener el respaldo legislativo necesario, los créditos podrían estar operativos durante el segundo semestre de 2026. El debate principal se centrará en el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar esta medida.