El geriátrico David, que en las últimas semanas quedó en el centro de la escena por una causa penal relacionada con el maltrato a adultos mayores, fue clausurado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires luego de que se detectaran distintas irregularidades en su funcionamiento.
La medida fue dispuesta a través de una resolución de la cartera sanitaria provincial, que además estableció una multa económica para la empresa responsable del establecimiento.
Según los fundamentos de la resolución, las deficiencias constatadas durante las actuaciones administrativas fueron consideradas de una gravedad tal que configuraban un “flagrante peligro para la salud de los pacientes”.
La intervención se produjo a partir de actuaciones realizadas por organismos dependientes del Ministerio de Salud bonaerense. Durante ese procedimiento se verificaron incumplimientos de las normas reglamentarias que regulan el funcionamiento de las residencias destinadas al alojamiento y cuidado de adultos mayores.
La resolución no detalla en forma pública cada una de las irregularidades constatadas. Sí establece que la gravedad de las deficiencias justificó la clausura y la sanción económica.
La decisión de la Provincia no implica necesariamente el cierre definitivo del geriátrico. La propia resolución contempla que la medida pueda quedar sin efecto si el establecimiento corrige las deficiencias que motivaron la sanción.
Para ello deberá intervenir nuevamente la autoridad sanitaria. El funcionario competente tendrá que verificar que las irregularidades hayan sido efectivamente subsanadas y que el lugar reúna las condiciones exigidas por la normativa vigente.
Hasta que esa comprobación se produzca, la clausura continuará vigente.
La resolución sanitaria se conoce después de una investigación penal que comenzó a fines de julio, cuando las cámaras de seguridad del geriátrico registraron episodios de violencia contra dos mujeres de 83 y 93 años.
Por esos hechos fue imputado Nicolás Gastón Cichero, de 37 años, quien trabajaba como cuidador en el establecimiento ubicado en Funes al 1700.
Uno de los episodios investigados ocurrió el 27 de julio. Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, Cichero se encontraba alimentando a una mujer de 83 años cuando la habría golpeado con una cuchara. La residente sufrió lesiones en la zona de la boca.
Las cámaras también registraron otro episodio en el que una residente de 93 años habría sido víctima de maltrato verbal y físico.
La investigación incorporó además la denuncia de una trabajadora del geriátrico, quien afirmó haber recibido amenazas después de advertir sobre lo ocurrido.
La causa avanzó durante agosto y la situación procesal de Cichero se agravó. El fiscal Carlos Russo solicitó la prisión preventiva al considerar que existían elementos suficientes para atribuirle, en principio, los hechos investigados.
Finalmente, el juez de Garantías Daniel De Marco dictó la prisión preventiva y dispuso que el acusado continuara detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán. La imputación comprende lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.
La resolución judicial tomó en cuenta, entre otros elementos, las grabaciones de las cámaras de seguridad, informes médicos, testimonios y registros vinculados con las amenazas denunciadas durante la investigación.