La Inspección General de Justicia (IGJ) falló a favor de Talleres y dejó sin efecto la Asamblea de la AFA pautada para este jueves 17 y la reelección de Claudio Tapia como presidente. No obstante, desde Viamonte pueden apelar y dejar la medida en suspenso.
En una circular con 5 apartados, firmada por Inspector General de Justicia, Dr. Daniel Roque Vítolo, se declara la «irregularidad e ineficacia» de la Asamblea que tenía como orden del día la reelección de Tapia y el tratamiento de la anulación de los dos descensos en esta Liga Profesional, con el objetivo de que asciendan dos de la PN y el año que viene haya dos zonas de 15 equipos.
Vale recordar que Fassi, presidente de Tallares, presentó esta petición ante la IGJ para anular la Asamblea luego de recibir dos años de suspensión en su cargo, a raíz de los incidentes que tuvieron lugar en el polémico partido contra Boca en la Copa Argentina. Aquel día, el árbitro Merlos lo acusó de haberlo amenazado con un arma de fuego.
La denuncia de Fassi se centró en varios aspectos del proceso electoral de la AFA. Entre las irregularidades que mencionó, destacó que la convocatoria a elecciones se realizó sin cumplir con los plazos establecidos por los estatutos y la Ley del Deporte, lo que calificó de «antijurídico». Asimismo, Fassi cuestionó las reformas propuestas en el artículo 35 del estatuto de la AFA, que regula la cantidad de mandatos consecutivos que pueden ocupar los integrantes del Comité Ejecutivo, incluido el presidente. Actualmente, el límite es de cuatro mandatos consecutivos, pero Tapia y su equipo pretendían aumentar ese número a cinco, algo que la IGJ consideró ilegal, al no estar contemplado en la Ley del Deporte.
El documento de la IGJ, firmado por Daniel Roque Vítolo, titular del organismo, subrayó que la AFA debe ajustarse a la normativa vigente y que cualquier modificación que pretenda sobrepasar esos límites sería una violación de la ley. Además, se notificó de la resolución al juez Christian Ricardo Pettis, quien interviene en una causa relacionada, iniciada por el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, con el objetivo de impedir la intervención de la IGJ en la cuestión.
Fassi insistió en que los cambios propuestos por Tapia y su equipo no solo iban en contra de los estatutos de la AFA, sino también en contra del espíritu de la ley, que busca garantizar un proceso democrático y transparente en las instituciones deportivas. «No se puede seguir manejando la AFA de esta manera, con decisiones inconsultas y fuera de la ley», expresó el presidente de Talleres de Córdoba en su denuncia.
Escenario judicial
Con la suspensión de la Asamblea, el proceso electoral de la AFA entra en un terreno judicial que podría alargarse en el tiempo. Si bien la entidad tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, este debe ser elevado a la misma IGJ, lo que complicaría los plazos.
Según la ley 22.315, que regula el accionar de la IGJ, el recurso tendría efecto «devolutivo», lo que implica que cualquier prohibición o medida cautelar impuesta por el organismo se mantendría vigente mientras se tramita el recurso.
En este sentido, cualquier intento de la AFA de llevar adelante la Asamblea del 17 de octubre en «rebeldía» frente a la decisión de la IGJ podría tener graves consecuencias legales. De acuerdo con el artículo 239 del Código Penal argentino, resistir o desobedecer una orden legítima de un funcionario público puede ser sancionado con penas de prisión de 15 días a un año.
Asimismo, los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA, así como gerentes y directivos, podrían enfrentar cargos bajo el artículo 301 del Código Penal, que establece penas de seis meses a dos años de prisión para quienes, a sabiendas, consientan actos contrarios a la ley o a los estatutos de la organización que representan.
El riesgo de que Tapia y su equipo desafíen la resolución de la IGJ abre la posibilidad de que el Gobierno considere medidas más drásticas. Entre las opciones que se barajan, aunque de manera remota, está la intervención de la AFA, una medida que el Ejecutivo podría adoptar si considera que la situación escaló fuera de control. «Nadie piensa en este escenario, pero existe», admitieron fuentes del Gobierno al ser consultadas por Infobae sobre la posibilidad de una intervención.
El impacto de la suspensión no solo afecta a la reelección de Tapia, sino también a otras decisiones relevantes que iban a ser tratadas en la Asamblea, como el cambio en el formato de la Primera División. El plan incluía la suspensión de los descensos y la ampliación de la liga a 30 equipos, un cambio que generó controversia entre los dirigentes del fútbol argentino y que ahora queda en suspenso, a la espera de una resolución judicial
