En La Habana, una movilización oficialista reunió a militares, policías y trabajadores públicos para expresar respaldo a Raúl Castro tras la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El acto se desarrolló en la Tribuna Antiimperialista José Martí y buscó proyectar unidad frente a la ofensiva norteamericana.
El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó parte del acto y en sus publicaciones en la red X denunció lo que llamó «mentes enfermas» en la administración de Donald Trump. Afirmó que la acusación busca dividir al país y advirtió que Cuba apelará a su «derecho a la legítima defensa» según normas internacionales.
En el escenario, consignas oficiales como «Por Cuba y por Raúl» se escucharon junto a pancartas y arengas del Partido Comunista. Líderes del gobierno y miembros del buró político estuvieron presentes para dar apoyo público a Raúl Castro.
Los datos oficiales muestran un derrumbe del turismo: 328.608 visitantes en los cuatro primeros meses, una baja del 55,8% interanual, y solo 30.551 viajeros en abril. Paralelamente la crisis energética persiste: la Unión Eléctrica estimó que un corte dejaría sin suministro al 58% del país durante la jornada anunciada.
Mariela Castro, presente en el acto, dijo a los medios: «A él nadie lo va a secuestrar, estamos preparados para el combate“. Defendió que la familia y las fuerzas están alerta y subrayó la idea de resistencia histórica, aludiendo a episodios como la Sierra Maestra y Girón como referencias fundantes del discurso estatal.
A todo esto, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la imputación y la calificó de inoportuna por los años transcurridos. En Washington, el presidente Trump afirmó que suspende viajes personales por asuntos de seguridad y la gestión de tensiones con Irán y la crisis cubana.
Después de la acusación, un funcionario federal dijo: «Esperamos que se presente aquí por voluntad propia o de otra manera“. Raúl Castro, de 94 años, enfrenta cargos que reavivan preguntas sobre posibles escenarios de detención.
El gobierno cubano calificó la imputación como «acción política» y reafirmó que la isla, pese a la presión externa, mantiene la decisión de resistir y defender su soberanía.