Y acusó a la oposición de conformar «un nuevo frente de izquierda populista»
El gobierno nacional confirmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Lo hizo pocas horas después de la Marcha Federal que, frente al Congreso y en otros puntos del país, le exigió promulgar esa norma. El anuncio se hizo a través de un comunicado de la oficina de prensa del Presidente, que definió la iniciativa como un «irresponsable aumento del gasto público». Además acusó a referentes políticos de la oposición de conformar «un nuevo frente de izquierda populista».
«El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quiénes han decidido unirse públicamente públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente», afirmaron desde Casa Rosada.
Según el comunicado, la participación en la marcha universitaria de estos dirigentes se trata de una convergencia que «deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política».
Una vez publicado en el Boletín Oficial, el Congreso nacional tiene la posibilidad de reunirse en el recinto y, si alcanza el número suficiente de votos, rechazar esa decisión. Para que la ley vuelva a estar vigente, se requiere el acompañamiento de dos tercios de los legisladores de ambas cámaras.
En principio, el Senado sería terreno favorable ya que las bancadas que acompañaron la votación del proyecto superan ese número. El escollo podría presentarse en Diputados, donde el veto debe tratarse primero por ser la cámara de origen de la ley.
Esta situación recuerda un desafío similar que el Gobierno enfrentó semanas atrás, cuando vetó la Ley de movilidad jubilatoria. En aquel momento, gracias al inesperado respaldo de algunos diputados radicales, el oficialismo reunió 87 voluntades que le permitieron blindar su decisión. En principio, se esperaba que esos legisladores de la UCR volvieran a acompañarlo. Sin embargo, algunos dejaron trascender que no están dispuestos a inmolarse cada vez que el Gobierno resista una ley.
En la misma sintonía, aparecieron algunos diputados díscolos en el PRO. Aunque el bloque funciona como apéndice de La Libertad Avanza, Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla, reconoció el martes que aún no alcanzaron una posición común. Es decir, no todos respaldarían un nuevo veto presidencial.
